De cara a la justicia

El 10 de noviembre de 2015 Efraín Campo Flores y Franqui Flores de Freitas viajaron a Haití con el fin de cobrar 10 millones de dólares, la mitad del pago acordado por el envío de un cargamento de 800 kilogramos desde Venezuela, hasta Honduras. A las 11 y 16 de la mañana Campo Flores y Flores de Freitas iniciaron, sin querer, una nueva vida; a esa hora, un grupo de oficiales de la Brigada de la Lucha contra el tráfico de estupefacientes de Haití (BLTS por sus siglas en francés) detuvieron a los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Nicolás Maduro y Cilia Flores. La captura se hizo en el marco de un procedimiento conjunto entre las autoridades haitianas y la oficina de Administración para el Control de Drogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés).

A las 4 de la tarde la custodia de los sobrinos Flores fue transferida a la DEA. De ahí, fueron trasladados al estado de Nueva York, Estados Unidos, presentados ante la Corte del Distrito sur de ese estado y acusados del delito de Conspiración para importar drogas al país norteamericano. Solo 3% de los acusados por este delito en Estados Unidos decidieron ir a juicio ―según cifras de la organización Human Right Watch en 2013―; los sobrinos Flores tomaron esta opción en lugar de declararse culpables o apegarse a un acuerdo de cooperación.

¿Quién cubrió los costos de esta defensa de “alto calibre”? El empresario venezolano, ligado al oficialismo, Wilmer Ruperti. Aunque Ruperti aseguró que lo hacía por la “tranquilidad del Presidente”, una empresa propiedad de Ruperti fue adjudicada con un jugoso contrato con PDVSA seis días antes de que diera a conocer que él financiaba al equipo de abogados de Campo y Flores. El juicio contra los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela inició el lunes 7 de noviembre de 2016 y se extendió durante diez días. Entonces, la defensa y la Fiscalía presentaron esta lista de argumentos ante el jurado.

[ Mostrar lista de argumentos ]

DEFENSA	FISCALÍA
La DEA falló en confiscar un cargamento o muestra de droga. No hay 800 kilos de cocaína, ni guantes con cocaína para probar que era real. La supuesta prueba de calidad artesanal que hizo la fuente confidencial de la DEA no fue avalada por expertos.	Según los fiscales, en los delitos de conspiración no hace falta tener alguna evidencia de drogas. Consideraron que era irrelevante si era droga real o no. Los sobrinos Flores pensaban que era droga y así la presentaron ante un narcotraficante, abiertamente identificado como miembro del Cartel de Sinaloa. Fueron capturados en imágenes cuando manipulaban un paquete de supuesta cocaína. De igual forma, CS-1 es un narcotraficante y consumidor de cocaína con amplísima experiencia.
Según la defensa, la Fiscalía falló en demostrar que los primos Flores tenían la capacidad de trasladar 800 kilos de droga.	A juicio de la Fiscalía, la evidencia demuestra que ellos tenían el aparato para hacer el envío. “No me crean a mi, créanle a las evidencias”, pidió. En las grabaciones se escucha a Campo ofreciendo aviones, pilotos y “conseguir”, al menos, tres tipos de narcóticos ilícitos. También hablaban del control total que tenían en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Caracas.
Todo el caso está basado en informantes confidenciales desconfiables, presos por mentirle a la DEA. La defensa logró demostrar con pruebas ante el jurado que los informantes violaron el acuerdo con la DEA con varias acciones: siguieron traficando cocaína, aún desde la cárcel, mintieron sobre la participación de un sujeto llamado “Paúl” en las reuniones con los Flores y y en viajes pagados por la agencia antinarcóticos. Estas fuentes eran quien habían hecho todas las grabaciones de audios y videos en los encuentros con los Flores.	El fiscal Emil Bove revocó el acuerdo de cooperación de estas fuentes con la DEA en pleno juicio y ahora deben enfrentar cadena perpetua. Para la Fiscalía, a pesar de que se condenara la actuación de CS-1 y CS-2, las grabaciones tenían la suficiente contundencia para ser consideradas pruebas fundamentales en el caso. Se mostraba en ellas la voz y el rostro de Efraín Campo y Franqui Flores, negociando drogas.
Hay reuniones que no están grabadas, como el cuarto encuentro en una discoteca de Caracas. Los testigos confidenciales tenían la facultad de encender y apagar el dispositivo a discreción y algunos videos no tienen sonido. La calidad de los audios y videos requirió el análisis de varios expertos en sonido y lenguaje para lograr entenderlos.	Las grabaciones de audios y videos en las que aparecen Efraín Campo y Franqui Flores se hicieron con dispositivos especiales proveídos por la DEA, encriptados para evitar la manipulación o eliminación de las pruebas. Varios expertos citados a declarar en el juicio confirmaron en la audiencia que esas pruebas son inalterables.
CS-1 borró de su teléfono algunos chats con los acusados antes de salir de Venezuela. Él aseguró que se los envió al agente Sandalio González antes.	El funcionario de DEA Sandalio González afirmó que los agentes no están obligados a registrar absolutamente todas las comunicaciones con las fuentes confidenciales.
Grabaciones muestran que los Flores hablaban también de Europa y Canadá, por lo que su objetivo expreso no era enviar el cargamento a Estados Unidos. El envío de drogas a EE. UU. no fue propuesto por ellos. Los abogados alegan que el destino fue inducido por los informantes de la DEA.	Hay al menos 13 menciones de las fuentes confidenciales al hecho de que la droga iría a Estados Unidos y ellos nunca se negaron. A juicio de la Fiscalía, su interés por enviar droga a otros destinos sólo agrava el asunto.
Según la defensa, las pruebas demuestran que ellos pretendían quedarse con el dinero y no dar alguna droga a cambio.	Durante el juicio, los defensores hicieron grandes esfuerzos por hacer quedar a CS-1 como un sanguinario cabecilla del Cartel de Sinaloa. Para la Fiscalía fue poco creíble que pensaran robarle once millones de dólares a una organización criminal tan despiadada.
La fuente confidencial 1 dijo que los Flores no tenían “tanta experiencia como él”. Aseguran que “El mexicano” (CS-1) manipuló a los “estúpidos” muchachos.	En las grabaciones ocultas los acusados mostraban conocimiento y fluidez en el negocio al hablar de precios internacionales. También sobre tipos de drogas (“Tusi”). En uno de los audios se escucha a Campo decir que estaba desde los 18 años (al menos 12 años antes de ser atrapado) en el negocio. Los Flores hacían alarde de sus influencias en Venezuela, entre cuerpos de seguridad, gracias a sus apellidos. Hablaban abiertamente de que la DEA “no entraba” a Venezuela.
La defensa reclamó un “entrampamiento” de sus clientes por parte de la DEA. Según los abogados, la DEA quería atraparlos antes de que se dieran cuenta de que no tenían la capacidad para hacer ese trabajo.	Los primos Flores son quienes contactan en primera instancia a César Daza, quien es un co-conspirador, para llegar a hablar con Carlos Leva Cabrera, alias “El Sentado”. Daza no tiene relación alguna con Estados, ni con la DEA. El agente Sandalio González declaró bajo juramento que “El Sentado” lo contactó para decirle que un oficial venezolano llamado Bladimir Flores quería mandar a un sobrino a Honduras para evaluar negocios de narcotráfico. Se quejaban constantemente de que “El Sentado” y “El Gocho” no trabajaban tan rápido como ellos querían.
La declaración de culpabilidad en el avión, después de la captura, no fue grabada en el avión por los agentes de la DEA; estos alegaron que era un asunto de seguridad, a pesar de que Campo y Flores estaban esposados y sus condiciones físicas los mantenían en desventaja frente a los cuatro agentes de la DEA presentes.	En el momento de la captura, Sandalio González no sabía que CS-1 mentía. En la conversación se hacen referencias a Hamudi, El Flaco y Pepero que luego se contrastan con los chats. González no sabía quienes eran estas personas antes de revisar los teléfonos de Campo y Flores. González se defendió diciendo que llevó una minuta escrita en la entrevista.
El agente de la DEA Sandalio González hizo traducción simultánea, de español a inglés, para tomar notas de las declaraciones en el vuelo desde Haití hasta Nueva York. Expertos en traducciones declararon que este es un proceso sumamente complejo y poco recomendable.	Sandalio González está certificado como traductor de la DEA. Aseguró que , de acuerdo con los manuales de procedimiento de la DEA, no es obligatorio registrar todas las conversaciones durante los traslados.
La defensa alegó que las confesiones de culpabilidad tras el arresto habían estado antecedidas por una experiencia traumática, en la que los detenidos sentían que estaban siendo secuestrados por sujetos no identificados. Dijeron que pasaron muchas horas sin comer, ni beber agua y que esto los presionó a hacer confesiones alejadas de la realidad. Campo dijo que uno de los agentes de la DEA le dijo que quizás no vería a su hijo otra vez.	Los oficiales de la policía de Haití declararon en el juicio que en ese momento portaban uniformes con la palabra “policía” en un lugar visible y que, además, dijeron “policía” cuando tomaron custodia de Campo y Flores y que estos fueron trasladados directamente a una estación de policía. En cuanto a la comida, la DEA defendió que ellos habían estado comiendo justo antes de la detención y que les fueron ofrecidos caramelos y agua durante el vuelo. Los Flores nunca alegaron haber sido agredidos físicamente. Los funcionarios de la DEA dijeron que se limitaron a hablar de los posibles castigos que enfrentarían.
Los mostraron como personas humildes que vivían en modestas viviendas y aseguraron que se paseaban por Caracas con escoltas armados debido a los altos índices de inseguridad de la ciudad y por el miedo a ser reconocidos como familiares de la familia presidencial. La protección con guardaespaldas fuertemente armados se las da el Estado, debido a sus conexiones con la familia presidencial de Venezuela. “Tendrías que estar muy loco para caminar Caracas por tu cuenta”, dijeron.	La evidencia en audio, videos, fotos y chats demuestra que vivían una vida ostentosa y, en las conversaciones, hacen algunas declaraciones sobre compra de bienes de lujo para lavar dinero. Tenían un despliegue de entre 6 y 8 “sombras” (guardaespaldas) fuertemente armadas. En una fotografía de una “sombra” se ve a un hombre con lo que parece un uniforme parcial de la Guardia Nacional de Venezuela, lo que sería un indicio de que era el Estado venezolano quien pagaba esta protección.
La defensa alegó que las fotos de armas halladas en los teléfonos de los acusados correspondían a pistolas de paintball/airsoft. También defendieron que nunca hubo pruebas de que se haya ejercido violencia real contra alguien en el marco de esta conspiración.	A juicio de la Fiscalía el hecho de que los sobrinos Flores y sus aliados estuviesen preocupados por no dejar huellas en las armas era una señal de que eran reales.
Eran “novatos” y debían ser constantemente educados por las fuentes confidenciales de la DEA sobre los procedimientos en el negocio de narcotráfico.	En las grabaciones se les escucha conversar acerca de otros negocios que habían intentado con franceses y mexicanos. Incluso, advierten a CS-1 que si “El Sentado” no trabaja con mayor rapidez se irán a trabajar “con otra gente”.
No tenían antecedentes penales, ni en Venezuela, ni en ningún lugar del mundo.	Según la Fiscalía, los primos Flores no tenían antecedentes penales en Venezuela por ser quienes eran y por su relación con la familia presidencial de país. En las reuniones con las fuentes confidenciales de la DEA dijeron tener el suficiente poder para impedir que un coronel o un general del país inspeccionara sus aviones en el principal aeropuerto de Venezuela.
Controlador aéreo del aeropuerto de Roatán, Carlos González, fue admitido como testigo a pesar de nunca haber tenido contacto con Campo y Flores.	El controlador aéreo no los conocía, solo hacía su trabajo usual con narcotraficantes. Todo lo conversado con él concuerda con los planes trazados por los Flores, ya que ambos se reunían con la misma gente. Ahora González cumple condena en una cárcel de Estados Unidos por delitos de narcotráfico.
Para la defensa no resultaba creíble que narcotraficantes ofrecieran un pago por adelantado ―en este caso 10 millones de dólares―, lo que resultaría una muestra de la ingenuidad de sus clientes, quienes creyeron en estos términos de la negociación. Luego lo defendieron estos pagos por adelantado como una prueba de que tenían poco recursos económicos para mover semejante negocio.	Durante el juicio, los expertos en tráfico de drogas explicaron que esta forma de negociar se llama “fronting”. Para la Fiscalía era la prueba de que tenían la suficiente influencia, confianza y jerarquía para generar esa relación con otros narcotraficantes.

El 18 de noviembre de 2016 Campo y Flores fueron hallados culpables del delito de conspiración para importar drogas a los Estados Unidos. El 14 de diciembre de 2017 el juez Paul Crotty impuso una sentencia de 18 años y una multa de 50 mil dólares a cada uno.

Los sobrinos Flores reunían el nivel de ofensa federal necesario para ser condenados a cadena perpetua, sin embargo, el juez Crotty recordó que este cálculo no era más que una guía y que él tendría la última palabra. Consideró que la separación de sus familias durante tantos años sería, ya de por sí, un castigo muy doloroso. “No creo que tenga que proteger al público de nuevos crímenes de los acusados”, dijo. Añadió que no considera a Campo y a Flores “los más astutos”, pero que “toda la evidencia en este caso salió de sus bocas”.

Escucha más sobre cómo se vivió la detención, el juicio y la sentencia de los Flores en el décimo tercer capítulo de “Porque soy Flores”: “De cara a la justicia”.

[Transcripción]

Bienvenidos a “Porque soy Flores”, un audioreportaje sobre cómo y porqué los sobrinos de Nicolás Maduro y Cilia Flores terminaron en la cárcel. En esta serie podrás escuchar, en su propia voz, las conversaciones que los llevaron a ser condenados a 18 años en prisión. Soy Jessica Carrillo Mazzali Y yo Adriana Núñez Moros.

En el capítulo de hoy: De cara a la justicia

A principios de octubre de 2015 Carlos Leva Cabrera, alias “El Sentado”, testigo cooperante de la DEA, asesinado el 4 de diciembre de 2015, contactó al agente Sandalio González para decirle que un oficial venezolano llamado Bladimir Flores, estaba interesado en enviar a su sobrino a Honduras para hacer un negocio de narcotráfico. Bladimir Flores, hermano de la primera dama Cilia Flores, era entonces el inspector general de la policía científica venezolana, cargo que mantiene en agosto de 2018.

Efraín Campo y Franqui Flores, sobrinos del inspector Flores, discutieron la logística del envío de 800 kilogramos de cocaína con fuentes encubiertas de la DEA en dos reuniones en San Pedro Sula, tres en Caracas y en decenas de mensajes.

La detención

El martes 10 de noviembre de 2015 Campo Flores y Flores de Freitas viajaron en un avión privado desde Caracas hasta la capital de Haití, Puerto Príncipe, con el fin de recoger la mitad de los veinte millones negociados por el cargamento de cocaína. A las 10 y treinta de la mañana inició la reunión. La fuente confidencial de la DEA envío la señal de arresto, apagó el dispositivo de grabación y, a las 11:16, de la mañana 3 agentes de la oficina antidrogas de Haití irrumpieron en el restaurante del hotel Servotel y detuvieron a los sobrinos de la pareja presidencial venezolana.

Las autoridades haitianas no garantizaron a Campo y Flores su derecho de llamar al Consulado venezolano. Esa mañana el supervisor del operativo de la DEA Robert Zachariasiewicz envió un correo electrónico al agente Sandalio González diciendo:

“Pediremos a los haitianos que detengan a los dos nuevos tipos y pilotos durante el tiempo que la ley lo permita, para poder ganar tiempo en caso de que nuestros dos chicos decidan cooperar”.

Luego, en el juicio, el agente González dijo que la llamada desde Haití pudo poner en riesgo a las fuentes confidenciales e interferir con la operación. A las 4 de la tarde Haití transfirió la custodia de los sobrinos Flores a la DEA a través de la figura de la expulsión, no de la extradición.

Media hora después el avión de la DEA despegó con Campo y Flores a bordo, esposados de pies y manos. La aeronave aterrizó a las 8:10 de la noche en Nueva York. Allí ofrecieron la llamada telefónica. Campo llamó a su suegro y Flores rechazó la oferta. Pasada la medianoche del 11 de noviembre de 2015 los Flores fueron transferidos al que sería su hogar por los siguientes dos años: El Centro Correccional Metropolitano, en el sur de Manhattan.

El caso fue asignado al veterano juez Paul Crotty. La acusación fue asumida por los fiscales Emil Bove y Brendan Quigley, bajo la dirección del Fiscal del Distrito Sur de Nueva York Preet Bharara. Los sobrinos Flores fueron defendidos, inicialmente, por el bufete internacional Squire Patton Boggs; estuvieron también bajo el amparo de abogados públicos. Finalmente, Campo y Flores fueron representados por las renombradas firmas Boies Schiller & Flexner y Sidley Austin.

De acuerdo con la organización Human Right Watch, en 2013 solo 3% de los acusados por delitos de narcotráfico en Estados Unidos decidió ir a juicio. El resto, se declaró culpable o llegó a acuerdos de cooperación con las autoridades. Pero, ¿Quién financió la decisión de los Flores de ir a juicio?

El 29 de septiembre 2016 el empresario venezolano Wilmer Ruperti reveló en una entrevista para The Wall Street Journal que era él quién financiaba la la defensa de alto calibre; dijo hacerlo “por la tranquilidad del presidente”.

Seis días antes la agencia Reuters informó que Petróleos de Venezuela, principal empresa del país, había adjudicado un contrato de 138 millones de dólares a la empresa Maroil Trading Inc, propiedad de Ruperti.

Antes del juicio se celebró una audiencia para evaluar la influencia que podría tener Ruperti en el diseño de la estrategia de defensa de ambos acusados. Tanto Flores, como Campo dijeron sentirse “sumamente satisfechos” con el trabajo de sus abogados y renunciaron al derecho a una defensa libre de conflicto de interés.

El juicio

El juicio contra los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela inició el lunes 7 de noviembre de 2016, con la presencia del Fiscal Preet Bharara, en el edificio 500 Pearl Street, en el bajo Manhattan. A petición de la defensa, se les permitió usar ropa civil, en lugar del uniforme de la prisión.

Durante diez días la Defensa y la Fiscalía interrogaron a catorce testigos y presentaron sus argumentos ante el jurado. La defensa sostuvo que Campo y Flores habían sido “entrampados” y secuestrados por la DEA y que fueron víctimas de unos informantes confidenciales mentirosos que fueron descubiertos involucrados en el narcotráfico real, aún durante el juicio. Aseguraron que el verdadero plan de los Flores era quedarse con el dinero del trato y nunca entregar las drogas y que el agente Sandalio González decidió no grabar las confesiones en el avión tras el arresto.

La Fiscalía, por su parte, defendió que las evidencias en video, fotos, y chats eran suficientemente pesadas y que los dispositivos con las que fueron recabadas eran inalterables. Aseguraron que fueron los Flores quienes se aproximaron a “El Sentado” y quienes se exasperaron porque el negocio no fluía con más rapidez. Los acusadores dijeron:

“Nos han hablado de lo temerarios que son los miembros del Cartel de Sinaloa y luego quieren hacernos creer que ellos iban a robarles 11 millones de dólares”.

Sobre las grabaciones del avión, el agente González explicó que los procedimientos de la DEA no obligan a grabar las conversaciones durante los traslados de detenidos y defendió que llevó una minuta escrita.

El 18 de noviembre de 2016 Campo y Flores fueron hallados culpables del delito de conspiración para importar drogas a los Estados Unidos. El jurado llegó a un veredicto unánime en siete horas.

De acuerdo con la ley estadounidense, para que exista una conspiración, dos o más personas deben acordar la fabricación o la distribución de drogas sabiendo que Estados Unidos sería el destino final. El juez Crotty explicó que para que alguien sea considerado culpable de una conspiración no es necesario que se incauten drogas, que sean drogas reales, o que el delito en efecto se haya llevado a cabo, sino que se haya mostrado un plan real para cometerlo.

Campo y Flores acumulaban un nivel de ofensa federal de 44 puntos, suficientes para ser condenados a cadena perpetua. La Fiscalía apostaba por una pena de treinta años, como mínimo; la defensa, por su parte, consideró que diez años serían un castigo ejemplarizante.

La sentencia

El 14 de diciembre de 2017 los involucrados se reunieron en la Corte para escuchar la sentencia. Antes de esto, los primos Flores tuvieron la oportunidad de hablar. Campo, con “Sé que he cometido errores y perdí de vista lo más importante”, dijo. En adelante se enfocó en agradecer a su esposa por su apoyo, a pedirle disculpas por no estar presente en el nacimiento de su segundo hijo y a recordarle que la ama. Hizo lo propio con su madre, sus amigos y su familia.

“Estoy muy avergonzado por todo el daño y sufrimiento que esto les ha causado”, mencionó. Dijo un par de frases en un tímido inglés, en un esfuerzo por demostrar que su tiempo encarcelado había sido productivo. “Estoy muy avergonzado y arrepentido”, reiteró.

Flores de Freitas cambió por primera vez su expresión ruda. “Estoy tan arrepentido. Todos somos humanos y caemos en el pecado”, dijo trastabillando en su lectura. Relató segmentos de una infancia traumática, producto de la muerte de su madre, los maltratos verbales y físicos a los que su padre, el hermano de Cilia Flores, los sometía y la vida en casa de una abuela que, asegura, a duras penas podía alimentarlo.

“No soy una mala persona. Trato de ayudar a las personas que están en una situación psicológica peor que yo. Corto el cabello de otros presos y reparo sus radios como un acto de caridad, lo hago con todo el gusto. Estudio inglés y la Biblia. Mi hijo de nueve años es lo más importante para mi”.

Su voz se quebró y lágrimas corrieron por sus mejillas. Se disculpó, aclaró su garganta y continuó: “Estoy deshecho y desconsolado al saber que no estoy con mi hijo mientras crece”, dijo. “Le pido que me dé la oportunidad de reponer mis errores”, suplicó al juez aún entre lágrimas.

El juez tomó entonces la palabra. Campo Flores entrelazó los dedos. Franqui Flores miraba atento.

“Voy a imponer una sentencia de 18 años y una multa de 50 mil dólares a cada uno”.

Dijo Crotty mirando a los acusados directamente y aclarándoles que no tendrían libertad condicional.

“La justicia debe ser fuerte, pero misericordiosa, sino sería crueldad”.

Dijo el juez.

Los ahora condenados asintieron lentamente con la cabeza. Por sugerencia de la Defensa fueron enviados, juntos, a la prisión federal de baja seguridad Coleman, en Orlando, Florida, para facilitar las visitas familiares desde Venezuela.

Tres días después de la sentencia, los abogados defensores activaron el proceso de apelación. Este aún no está cerrado.

Esta historia continuará. Para leer la transcripción de este audio, leer más sobre el juicio y escuchar los trece capítulos de la audioserie visita porquesoyflores.com. Para recibir los audios directamente suscríbete en porquesoyflores.com/telegram o porquesoyflores.com/whatsapp.